Estado y territorio en España, 1820-1930

El hecho más destacado de la historia española del siglo XIX es la construcción de un Estado nacional, que se asienta sobre los territorios peninsulares e “islas adyacentes”, hasta entonces núcleo primordial de la monarquía. El nuevo Estado se dotó progresivamente de una administración pública capaz de articular los medios necesarios para conocer y gestionar los recursos del territorio soberano, contribuyendo así a su defensa y gobierno. La acción administrativa promovida desde el Estado transformó las regiones, al imbricarse en una dialéctica compleja entre el centro y la periferia, entre los principios y los intereses, entre los proyectos ideales y lo que permitían los medios materiales. “Las funciones del Estado y la articulación del territorio nacional: símbolos, administración pública y servicios” de J. del Moral Ruiz, “Estado de Derecho y administración judicial” de F. Suárez Bilbao e “Inventario y extracción de recursos: reclutamiento, recaudación y estadística en la construcción del Estado Nacional” de J. Pro Ruiz, constituyen las tres partes de que consta este libro. En ellas se estudia de manera sistemática la acción del Estado liberal desarrollada en España entre 1820-1930, que se concretó en el despliegue de los diversos servicios públicos (administración civil, económica y judicial, comunicaciones, orden público y represión del fraude fiscal, sanidad, beneficencia e instrucción pública, etc.), contribuyendo de esta forma a su progresiva articulación y cohesión. Los procesos de creación y transformación del territorio nacional bajo la acción del Estado, que aquí recorren la distancia histórica que media entre la España desarticulada y plural de la monarquía del Antiguo Régimen y la España moderna de comienzos del siglo XX, se abordan asimismo desde el punto de vista de las funciones estatales. En ellas se refleja una lógica propia de actuación, que va de los principios teóricos a la legislación, y de ésta a las aplicaciones concretas sobre el terreno desarrolladas por la administración central y local (ayuntamientos y diputaciones) del Estado. Pues conviene no olvidar que ambas administraciones constituyeron la médula del sistema administrativo centralizado (con las excepciones de la foralidad y las mancomunidades de 1913 a 1925) y que, tras el paréntesis de la Segunda República, llegó hasta que la Constitución de 1978 hizo surgir “la España de las autonomías”.